Augusto Ramos Melo, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), reveló que las pérdidas generadas por los bloqueos carreteros en México ascienden a hasta 900 mil millones de pesos, según publicó Meganoticias. La cifra, que el propio Ramos calificó como preliminar y posiblemente subestimada, incluye pérdidas directas en mercancía dañada o no entregada, costos adicionales por rutas alternas, incremento en primas de seguros, combustible desperdiciado en esperas y el impacto en la productividad de las cadenas de suministro que dependen del autotransporte para su operación normal.
La magnitud del dato sacude al sector y a la opinión pública: 900 mil millones de pesos equivalen a aproximadamente el 3% del PIB de México, una cifra que supera el presupuesto anual de varios ministerios federales y que convierte a los bloqueos carreteros en uno de los problemas económicos más costosos que enfrenta el país, por encima de muchos otros que reciben más atención mediática y política. Para poner la cifra en contexto, ese monto es equivalente a construir varias veces el Tren Maya o a financiar varios años de programas sociales federales de magnitud media.
Los bloqueos carreteros en México tienen múltiples orígenes: conflictos sindicales que utilizan la vía pública como campo de presión, manifestaciones de comunidades rurales y urbanas por demandas no atendidas, acciones de grupos criminales que cierran carreteras para sus operaciones o como mensajes de fuerza, y protestas agrarias por precios, derechos de agua o disputas territoriales. La característica común de todos ellos es que el autotransporte de carga paga la factura sin haber sido parte del conflicto que origina el bloqueo.
Canacar exige al gobierno federal una estrategia integral de atención: protocolos de respuesta rápida ante bloqueos con tiempo máximo de desbloqueo, rutas alternas operativas y comunicadas en tiempo real a los transportistas, un marco legal que establezca sanciones efectivas para quienes bloquean vías federales, y mecanismos de compensación para las empresas afectadas por daños certificados. Con el Mundial 2026 en pleno desarrollo y el corredor turístico nacional bajo presión, la urgencia de atender los bloqueos es mayor que nunca.
