El número de visas retiradas a operadores de autotransporte mexicanos en los cruces fronterizos con Estados Unidos escaló a 25 mil, cinco mil más que la cifra que el sector había documentado hasta la semana pasada.
CANACAR busca abrir un canal de diálogo directo con las autoridades estadounidenses para frenar las cancelaciones y establecer un proceso de apelación que permita a los operadores afectados recuperar su autorización de cruce.
El escalamiento de 20 a 25 mil visas canceladas en pocas semanas confirma que la medida de la administración Trump no es un episodio puntual sino una política activa que continúa aplicándose. Cada visa cancelada es un operador que no puede cruzar, y cada operador que no puede cruzar es una ruta transfronteriza que las empresas transportistas tienen que cubrir con conductores del lado americano —más caros, menos familiarizados con los procedimientos mexicanos de la cadena de frío y la Carta Porte— o simplemente no cubrir.
Canacar ha escalado la demanda a las mesas del T-MEC, cuya revisión anual inició en agosto. El argumento jurídico es concreto: la cancelación masiva de visas sin proceso de apelación formal viola los compromisos de facilitación del comercio transfronterizo que el tratado establece, y el impacto sobre el comercio bilateral en el corredor norte —el más activo del mundo en términos de valor de intercambio— es cuantificable y documentable. La fortaleza del argumento no garantiza la resolución, pero sí que México tiene base jurídica para exigirla.
Para los importadores y exportadores que dependen de operadores mexicanos certificados para sus rutas transfronterizas, el escalamiento a 25 mil visas es una señal de que la presión sobre el corredor norte se intensificará antes de aliviarse. La diversificación de proveedores de transporte —incluyendo la contratación de operadores americanos con experiencia en las rutas de importación y exportación de México— es la medida de contingencia que el sector no puede seguir aplazando mientras la negociación bilateral avanza.
