Pobladores de San Martín Texmelucan bloquearon durante tres horas la autopista México-Puebla para exigir la liberación de tres hombres detenidos en un operativo contra el robo de combustible en la región de Tepeaca. Los manifestantes sostienen que los detenidos son campesinos y no integrantes de bandas dedicadas al huachicol, lo que generó un choque de versiones entre la comunidad y las autoridades de seguridad pública.
El bloqueo paralizó por completo uno de los corredores de carga más importantes del centro del país, afectando tanto al autotransporte de mercancías como al tránsito de pasajeros entre la Ciudad de México y Puebla. Las autoridades estatales señalaron que el operativo coordinado permitió asegurar un inmueble y varias pipas vinculadas al robo de combustible en la zona.
El caso de Tepeaca ilustra una tensión que se repite en distintas regiones del país: cuando una comunidad protege a quienes son señalados como huachicoleros, la línea entre la defensa comunitaria y la complicidad con el crimen organizado se vuelve difícil de trazar para las autoridades. La movilización social, en estos casos, se convierte en el principal obstáculo para sostener la persecución penal de los detenidos.
Para el sector del autotransporte, este tipo de bloqueos representan un costo adicional a una problemática ya conocida: la inseguridad y el robo de combustible generan pérdidas económicas directas, pero las protestas derivadas de los operativos de combate al huachicol también detienen la operación normal de las carreteras, afectando a miles de unidades de carga que no tienen relación alguna con el conflicto.
