
Chihuahua se ha convertido en el principal receptor de autos irregulares importados, conocidos como “autos chocolate”, luego de que un decreto emitido en enero de 2022 permitiera regularizar vehículos de procedencia extranjera. Se calcula que el estado ya ha legalizado más de 500 mil unidades, según datos del presidente de la AMDA en Chihuahua, Antonio Moisés Morales.
Un decreto que abrió la puerta al abuso
Lo que nació como una medida para regularizar unidades que ingresaron antes de 2022 se ha transformado en un caldo de cultivo para irregularidades, corrupción y un exceso de unidades circulando en condiciones críticas para la seguridad vial, expresó Morales. Incluso señaló que muchas de estas unidades evidencian daños severos e incluso podrían haber sido consideradas pérdida total al otro lado de la frontera.
Impacto en el mercado interno
El problema trasciende la inseguridad vehicular: el exceso de oferta ha generado una caída de hasta el 20 % o más en los precios de autos usados nacionales de características similares, afectando el valor del patrimonio de familias y frenando el ciclo natural de renovación vehicular —es decir, la venta de un usado por un seminuevo, y este por uno nuevo—.
Ajustes en puerta… pero sin fecha límite
Ante los abusos detectados, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se introducirán modificaciones al decreto. Estas correciones serán dadas a conocer mediante el próximo paquete presupuestario, aunque todavía no se han establecido plazos concretos para su implementación.
Morales enfatizó que el estado requiere con urgencia una fecha límite al programa, ya que la medida original dejó de cumplir su propósito para convertirse en un problema estructural, con efectos negativos en seguridad, economía y movilidad urbana.
El decreto para regularizar los “autos chocolate” cualquier día podría convertirse en símbolo de una política bienintencionada que, sin estar bien acotada, generó consecuencias inesperadas. Chihuahua, al concentrar la mayor cantidad de estos vehículos, ve afectar tanto su infraestructura vial como el mercado automotor local. El anuncio de ajustes es una buena señal, pero el estado espera con urgencia una fecha de terminación clara y acciones concretas para revertir el impacto acumulado.
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