TRANSPORTE.MX | Reportaje especial | 15 de octubre de 2026
El Gobierno federal propone reducir de 300 a 250 millones de pesos el límite de ingresos anuales para acceder al estímulo fiscal por uso de autopistas. CANACAR advierte que la medida elevaría los costos del transporte y podría trasladarse al precio de las mercancías.
El autotransporte de carga mexicano enfrenta un nuevo desafío fiscal. La propuesta de Ley de Ingresos de la Federación para 2027 contempla restringir el acceso al estímulo que permite acreditar contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR) hasta el 50% de los gastos realizados en autopistas de cuota.
La modificación no elimina el beneficio para todos los transportistas, pero sí pretende reducir el universo de empresas que pueden utilizarlo. Actualmente, el límite de ingresos anuales es inferior a 300 millones de pesos; la iniciativa propone disminuirlo a 250 millones.
Augusto Ramos, presidente nacional de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), manifestó su preocupación y señaló que el organismo ya presentó alternativas ante los poderes Ejecutivo y Legislativo para evitar que la medida afecte la competitividad del sector.
¿Qué cambiaría para los transportistas?
El estímulo permite acreditar hasta la mitad del gasto en peajes contra el ISR causado, siempre que se cumplan los requisitos fiscales. No se trata de un descuento directo en las casetas ni de una devolución automática de efectivo.
Por ejemplo, una empresa que facture 270 millones de pesos anuales y gaste 10 millones en autopistas podría actualmente acreditar hasta 5 millones de pesos contra su ISR, sujeto al impuesto causado y a las disposiciones aplicables. Si se aprueba el nuevo límite, quedaría excluida del beneficio.
El impacto podría llegar al consumidor
La preocupación del sector va más allá de los balances financieros de las empresas transportistas.
Los peajes forman parte del costo de movilizar alimentos, materias primas, productos industriales y mercancías de exportación. Si las empresas pierden beneficios fiscales, podrían enfrentar una mayor carga tributaria y presiones sobre sus márgenes de operación.
En ese escenario, los transportistas tendrían tres alternativas: absorber el impacto, renegociar sus tarifas o revisar sus rutas operativas.
Esta última posibilidad preocupa particularmente a CANACAR, porque reducir los incentivos para utilizar autopistas de cuota podría favorecer el desplazamiento de unidades hacia carreteras libres, con posibles consecuencias en seguridad vial, tiempos de traslado y eficiencia logística.
¿Por qué quiere Hacienda reducir el beneficio?
La iniciativa se inscribe en la estrategia federal de fortalecer la recaudación y revisar los beneficios fiscales. De acuerdo con lo expuesto sobre la propuesta, el Gobierno estima que el ajuste afectaría a menos del 10% de los contribuyentes.
Sin embargo, el porcentaje de empresas afectadas no necesariamente refleja el volumen de mercancías que transportan, el tamaño de sus flotas o su participación en las cadenas de suministro.
Ahí está el centro de la discusión: una modificación que podría alcanzar a una proporción relativamente pequeña de contribuyentes también puede tener consecuencias importantes en la operación logística nacional.
Una decisión que todavía puede modificarse
La propuesta se encuentra en el proceso legislativo del Paquete Económico 2027. Por tanto, la reducción del límite todavía no debe considerarse una disposición definitiva.
Para CANACAR, el desafío será conseguir que los legisladores mantengan el umbral vigente o adopten una alternativa que preserve el incentivo para utilizar autopistas de cuota.
El debate abre una pregunta de fondo: ¿resulta conveniente elevar la carga fiscal del autotransporte cuando México necesita reducir sus costos logísticos y fortalecer la competitividad de sus cadenas de suministro?
La respuesta dependerá de la decisión del Congreso, pero el sector ya encendió las alertas.
CANACAR pide elevar el límite a 420 millones de pesos
Uno de los planteamientos más relevantes de Augusto Ramos es actualizar el límite de ingresos conforme a la inflación acumulada, pues el monto de referencia lleva aproximadamente 15 años sin una actualización equivalente.
La cámara propone elevarlo a 420 millones de pesos anuales y, como alternativa, mantener los 300 millones actuales. También ha planteado ampliar el alcance del incentivo para promover el uso de autopistas.